Descubre qué es, de qué se trata, a quién afecta y a partir de cuándo entra en vigor esta norma.
La lucha contra el fraude fiscal es una prioridad para las autoridades tributarias y, teniendo esto en cuenta, la Ley Antifraude 11/2021 marca un antes y un después en la forma en la que los autónomos y las empresas tienen que gestionar tanto su facturación como sus pagos.
En 2025, esta normativa cobra aún más relevancia por la entrada en vigor de nuevas obligaciones y sanciones, especialmente en relación con el reglamento Verifactu y el uso de los software de facturación. Por eso, hemos creado esta guía totalmente actualizada donde te vamos a detallar los puntos clave de la Ley Antifraude, sus implicaciones prácticas y cómo adaptarse a este nuevo marco legal.
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La Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocida popularmente como Ley Antifraude, es una norma diseñada para luchar contra el fraude fiscal mediante el aumento del control y la recaudación fiscal al tiempo que se reduce la economía sumergida. Además, la ley busca modernizar la gestión tributaria, impulsando la digitalización de las empresas y la transparencia de sus procesos financieros.
La Ley Antifraude fue aprobada en julio de 2021 y recogida en el BOE-A-2021-11473, estableciendo un conjunto de medidas que se centran en tres pilares principales:
Desde que la Ley Antifraude fue aprobada, esta normativa ha ido evolucionando con la publicación de reglamentos y adaptaciones técnicas, como es el caso del sistema Verifactu, que es un sistema que obligará a ciertos contribuyentes a emitir facturas electrónicas bajo condiciones de inalterabilidad y trazabilidad.
La Ley Antifraude se articula como un conjunto de medidas técnicas y legales creadas para prevenir la evasión fiscal en los distintos niveles del sistema económico. Algunas características definitorias de esta norma son:
Aunque la implementación de la Ley Antifraude supone un gasto para su adaptación en muchas empresas, también aporta beneficios claros al tejido económico:
Pero, además, la nueva norma conlleva beneficios también para el Estado y el resto de contribuyentes:
La Ley Antifraude 11/2021 tiene un alcance bastante amplio y afecta a diferentes sectores económicos en España. Su aplicación no se limita únicamente a grandes empresas o sectores específicos, sino que impacta directamente sobre los autónomos, las pymes, los desarrolladores de software y sobre cualquier entidad que realice operaciones económicas que se encuentren sujetas a control fiscal.
En cuanto entre en vigor Verifactu, más cantidad de contribuyentes estarán obligados a seguir los procesos de digitalizados y de supervisión, lo que implica una transformación profunda en la forma en la que se emite, registra y reporta una factura en España.
Pero a pesar de la rigidez normativa, existen algunas excepciones para:
La Ley Antifraude 11/2021 fue aprobada el 9 de julio de 2021 y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 11 de julio de 2021. No obstante, muchas de sus medidas requieren un desarrollo reglamentario específico para ser plenamente aplicables, especialmente aquellas relacionadas con el software de facturación.
La fecha prevista para la aplicación plena tanto de la Ley Antifraude como del sistema Verifactu es el próximo 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto de Sociedades, mientras que el resto de empresas y autónomos cuentan con una fecha máxima del 01/07/2026.
Las fechas previstas para la aplicación plena de la Ley Antifraude son:
Este calendario obliga a las empresas y los autónomos a anticiparse y adaptar sus sistemas actuales de facturación antes de que se intensifiquen los controles.
La Ley Antifraude 11/2021 establece una serie de requisitos técnicos y operativos que deben cumplir tanto los contribuyentes como los desarrolladores de software. Su objetivo principal es garantizar la veracidad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos fiscales, especialmente los relacionados con la facturación.
Uno de los requisitos clave de la Ley Antifraude es la inalterabilidad de los registros, es decir, la imposibilidad de modificar o eliminar facturas una vez emitidas. Esto implica que quedará registro de todas las operaciones, incluso de aquellas que no se finalicen, como presupuestos o facturas proforma.
Además, los registros deben almacenarse de forma segura durante al menos cuatro años, en un formato legible y trazable, accesible para su inspección y exportación por parte de la Agencia Tributaria.
Finalmente, y aunque aún no existe un sistema oficial de certificación en España, se prevé que el reglamento de desarrollo de la Ley Antifraude establezca un modelo similar al ya implantado en otros países como Portugal o Francia.
Adaptarte a la Ley Antifraude no tiene por qué ser un proceso complejo si se toman las medidas adecuadas con la suficiente antelación. Cumplir con esta normativa implica no solo una actualización tecnológica, sino también una transformación en la forma de operar, especialmente en lo que respecta a la facturación y la gestión contable. Por eso, vamos a ver cuales son los pasos clave a seguir para adaptarte a la nueva Ley Antifraude.
Lo primero que debes hacer es evaluar tu situación actual:
A continuación, implanta un software adaptado a la normativa:
Prepara poco a poco la transición a Verifactu. Si formas parte del grupo obligado a enviar facturas electrónicas a Hacienda, adelántate a la implementación.
Capacita a tu equipo y asegúrate de que las personas responsables de la facturación y la contabilidad conocen los nuevos requisitos.
Finalmente, consulta con expertos, como tu asesor fiscal o proveedor tecnológico, que pueden ayudarte a garantizar que todos tus procesos cumplen con la normativa vigente.
El régimen sancionador de la Ley Antifraude es uno de los aspectos más contundentes de esta normativa. Con el objetivo de disuadir las prácticas fraudulentas se han establecido multas significativas tanto para los usuarios como para los desarrolladores de software que incumplan los requisitos establecidos.
Algunas de las infracciones más importantes marcadas por la norma son:
Las sanciones están recogidas en el artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria y han sido ampliadas mediante el desarrollo reglamentario posterior a la aprobación de la Ley Antifraude 11/2021:
Además, estas multas pueden incrementarse en caso de reincidencia o resistencia a la inspección. Más allá de las sanciones económicas, el incumplimiento de la norma puede conllevar problemas fiscales e, incluso, provocar la revocación del NIF.
Aunque responden a objetivos distintos, la Ley Antifraude 11/2021 y la Ley Crea y Crece 18/2022 comparten un denominador común: ayudar a impulsar la digitalización y la transparencia en el tejido empresarial español. Aun así, podemos encontrar ciertas diferencias clave entre ambas:
Ambas leyes son complementarias y forman parte de un mismo esfuerzo por modernizar el ecosistema empresarial. Sin embargo, mientras la Ley Antifraude pone el foco en la fiscalización, la Ley Crea y Crece busca dinamizar el tejido productivo.
